Áreas protegidas en Colombia, definición, propiedad y bases constitucionales para su protección

38 páginasThis article intends to analyze the current constitutional and jurisprudential framework protected areas in Colombia, as well as their perspectives protection, including some clarifications made by the jurisprudence in this regard.En este artículo se analiza el actual marco constitucional y jurisprudencial de las áreas protegidas en Colombia, así como sus perspectivas de protección, y se incluyen algunas de las precisiones hechas por la jurisprudencia al respecto

Propuesta de determinantes ambientales para la gestión de los planes de ordenamiento territorial en el Departamento de Risaralda

Con la expedición de la Ley 388 de 1997, los municipios adquieren la responsabilidad de formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual tiene como objeto la administración del espacio físico y de los usos del suelo en conjunto con ese juego de relaciones que se dan entre el territorio - gobierno - sociedad: medio ambiente; bajo la tutela del desarrollo sostenible, los principios del Derecho Internacional Ambiental y el manejo adecuado del patrimonio natural existente, concebido en la Ley 99 de 1993. El POT se encuentra regulado por una serie de preceptos legales, entre los que se encuentran los determinantes, los cuales son definidos en el artículo 10° de la ley 388 y señalados como prioridad del ordenamiento territorial . Estos determinantes están constituidos por las normas vigentes en materia ambiental, de patrimonio histórico y cultural, de infraestructura de servicios públicos, de transporte y de áreas metropolitanas. Dichos determinantes se plantean como el medio de control en la revisión, planificación y ejecución de lo señalado en el POT. No obstante, el desarrollo del POT, al ser un proceso de planificación a largo plazo, requiere del conocimiento preciso de elementos que igualmente determinan el comportamiento del territorio: una visión a futuro para un departamento dinámico y heterogéneo, el cual posee ventajas comparativas que a futuro deben ser aprovechadas; lo que genera a Risaralda la necesidad de establecer criterios para el uso e intervención del patrimonio natural en el marco del mejoramiento de la competitividad territorial. En este tema la CARDER generó unos referentes, los cuales son un derrotero de temas ambientales (suelos de protección, zonas de amenaza y riesgo, clasificación del territorio, espacio público y saneamiento ambiental) para evaluar los compromisos adquiridos por los municipios en las actas de concertación de los POT vigente

Expedición de Licencias Urbanísticas en Zonas de Interés Ambiental -Caso Urbanización Biociudadela Tierraviva Manizales

En la ciudad de Manizales, Caldas en los últimos años se ha presentado un problema con respecto a la consolidación de un proyecto urbanístico denominado Biociudadela Tierraviva donde originalmente se contemplaba que albergaría 2 mil viviendas y aproximadamente 10 mil personas que habitarían este lugar. En el año 2003 se realizó una modificación al POT de la ciudad de Manizales en donde el predio La Aurora que era hasta entonces clasificado como zona rural y que cumplía con una función amortiguadora de un área de interés ambiental pasó a considerarse zona de expansión urbana. La controversia principal y por la cual diversos sectores ambientalistas han denunciado la inconveniencia de declarar este lugar como zona de expansión radica en la cercanía del proyecto (aproximadamente 140mt) a la reserva natural conocida como Rioblanco que surte de un buen porcentaje del recurso hídrico a la ciudad de Manizales, En virtud de lo anterior se expidieron licencias y se iniciaron ventas así como labores de obra , amparados en los actos administrativos vigentes hasta que en el año 2018 por orden de una autoridad judicial se decreto suspender provisionalmente fundamentados en el principio de precaución ambiental hasta que se resuelva de fondo el asunto. Por lo tanto se busca analizar desde la perspectiva normativa y jurisprudencial vigente el contexto del caso planteado.Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas -- Especialización en Derecho Urbano, Gestión y Planeamientos Inmobiliario

Conflicto de ocupación en áreas protegidas* Conservación versus derechos de comunidades

El concepto del desarrollo sostenible representó un gran avance en el escenario que marcaba una dicotomía tajante entre conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento humano. Si bien aún se critica su imposibilidad de concreción en la vida real, el solo hecho de vincular al modelo de desarrollo economicista imperante una preocupación, así sea instrumental, por la preservación de la naturaleza permite hoy día poner en las agendas de gobierno el tema ambiental como un aspecto interdependiente y correlacionado con las políticas públicas económicas, sociales e incluso de seguridad nacional, si lo que está en el tapete es el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.Pero no es fácil conciliar intereses que han estado en lados opuestos por tanto tiempo, más aún cuando las contradicciones y vacíos normativos derivan del mismo marco jurídico que pretende regular adecuadamente esta relación. Para quien debe hacer cumplir la ley surge entonces la duda sobre cuándo lo legal llega a ser injusto en situaciones que se convierten en conflictos éticos al tener que escoger entre cumplir una obligación institucional que vulnera derechos, con la posibilidad de ser cuestionado por acción, o no cumplirla por sus consecuencias sobre derechos preexistentes, previendo en este caso también una sanción por omisión

Responsabilidad por daño al medio ambiente de cara a la Constitución Política de Colombia de 1991

50 páginas.Trabajo Fin de Máster Oficial en Derecho Ambiental (2019/20). Tutor: Dr. Dº. Manuel Jesús Díaz Gómez. La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por primera vez el derecho al medio ambiente sano y lo hizo en su artículo 79, convirtiéndolo así en el artículo más importante respecto al medio ambiente; otorgó al estado Colombiano la función de garante en la protección del medio ambiente; asimismo, estipuló las acciones constitucionales para salvaguardar ese derecho y ordenó incluir al medio ambiente en el modelo de desarrollo económico del país; además de incluir otras disposiciones por las cuales la Constitución de 1991 se hace llamar la Constitución Ecológica. Con todas estas estipulaciones elevadas a rango constitucional se pretende garantizar la calidad de vida de los ciudadanos presentes y la de las generaciones futuras, preservar el medio ambiente y lograr que el País tenga un desarrollo sostenible. La Constitución colombiana, en aras de la protección del medio ambiente sano, no solo promulgó el artículo 79, sino que también consagró el artículo 49 y 80 donde se obliga al estado a garantizar el saneamiento ambiental y a restaurar el medio ambiente, convirtiéndose estos tres artículos en una herramienta idónea y muy accesible a nivel constitucional para la preservación del medio ambiente sano con las que cuentan los ciudadanos colombianos y que pueden materializar por medio de la acción de tutela, de cumplimiento, de grupo y popular para la efectiva protección del derecho al ambiente sano.The 1991 Political Constitution of Colombia enshrined the right to a healthy environment for the first time and did so in its article 79, thus making it the most important article regarding the environment; granted the Colombian state the role of guarantor in the protection of the environment; likewise, it stipulated constitutional actions to safeguard that right and ordered the inclusion of the environment in the country's economic development model; in addition to including other provisions by which the 1991 Constitution calls itself the Ecological Constitution. With all these stipulations elevated to constitutional rank, it is intended to guarantee the quality of life of present citizens and that of future generations, preserve the environment and ensure that the Country has sustainable development. The Colombian Constitution, for the sake of the protection of a healthy environment, not only promulgated article 79, but also enshrined article 49 and 80 where the state is obliged to guarantee environmental sanitation and restore the environment, making these three articles in an ideal and very accessible tool at the constitutional level for the preservation of the healthy environment that Colombian citizens have and that can materialize through action for protection, compliance action, group action and popular action for the effective protection of the right to healthy environment

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia. Desarrollos conceptuales desde la doctrina socio-jurídica y ambiental

El propósito de este artículo de revisión es presentar las principales aproximaciones teóricas del Sistema de Áreas Protegidas, desde los desarrollos conceptuales generados por la doctrina socio-jurídica y ambiental. A partir de estos referentes teóricos se definen las áreas protegidas desde una visión sistemática, analizando los antecedentes normativos e institucionales que las regulan, los conceptos que las definen y las características que las componen. Así mismo, se discute respecto a los objetivos y finalidades que debe atender el sistema de áreas protegidas en Colombia, desde el análisis de una función ecológica, la participación y la garantía de derechos ambientales y de desarrollo sostenible. Se concluye que como sistema, las áreas protegidas no solo están constituidas por un marco regulatorio y conceptual, sino que al estar integradas a un ordenamiento jurídico ambiental, les corresponde atender a un criterio de legitimidad.